KYC y AML en RD
— guía Ley 155-17.

La Ley 155-17 obliga a bancos, casinos, bufetes, contadores y agentes inmobiliarios a aplicar Diligencia Debida del Cliente (DDC), identificar al Beneficiario Final (UBO) y reportar operaciones sospechosas a la UAF.

KYC (Know Your Customer / Conocé a tu Cliente) es el proceso de identificar y verificar a tus clientes antes y durante la relación comercial. En RD está regulado por la Ley 155-17 de Antilavado de Activos.

AML (Anti-Money Laundering / Antilavado) es el conjunto de medidas para prevenir, detectar y reportar operaciones de lavado de activos. En RD el organismo central es la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

• Bancos múltiples y de ahorro y crédito.
• Cooperativas de ahorro y crédito.
• Compañías de seguros y reaseguros.
• Casas de cambio y remesadoras.
• Casinos, salas de juego y bancas de loterías.
• Notarios y abogados (en operaciones inmobiliarias y societarias).
• Contadores públicos autorizados.
• Agentes inmobiliarios.
• Comerciantes de metales y piedras preciosas.
• Empresas de transporte de valores.

Diligencia Debida del Cliente (DDC)

Identificar y verificar al cliente, su beneficiario final, el origen de los fondos y el propósito de la relación.

Diligencia Debida Reforzada (DDR)

Aplica para clientes de alto riesgo: PEPs (Personas Políticamente Expuestas), jurisdicciones de alto riesgo, operaciones complejas o inusuales. Requiere aprobación de alta gerencia y monitoreo continuo.

Identificación del Beneficiario Final (UBO)

El UBO es la persona física que ejerce control efectivo sobre la persona jurídica cliente. Se debe identificar a quien posee >10% de participación o ejerce control por otros medios.

Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)

Cualquier operación inusual o sin justificación económica debe reportarse a la UAF dentro de los plazos establecidos.

Conservación de registros

Toda la documentación de DDC debe conservarse al menos 10 años.

Nuestra plataforma cruza automáticamente cada RNC consultado contra:

Cada consulta queda registrada en nuestro audit trail con timestamp + cliente + RNC, exportable como evidencia de DDC continua para auditorías de la Superintendencia o UAF.

El Art. 80 de la Ley 155-17 establece sanciones administrativas para sujetos obligados que incumplan, desde multas hasta revocación de licencia. Para personas físicas vinculadas, sanciones penales de hasta 20 años de prisión por lavado de activos.